Murgia: "Hasta quemar el último cartucho"

MURGIA: “¡HASTA QUEMAR EL ÚLTIMO CARTUCHO!”

José Murgia Zannier, nacido en Cochabamba (Bolivia) el 11 de enero de 1937, hace 77 años, con cerca de 30 ejerciendo puestos públicos: teniente alcalde de Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones, alcalde de Trujillo y actualmente presidente del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL), siempre cuidadoso en sus expresiones cuando lidia con la prensa, hace pocos días le dio a “La Industria” una respuesta  que resume toda su antología política, luego de haberse inscrito como precandidato a las justas internas de su partido el Apra, para ir a una segunda reelección al mismo cargo regional.

Parafraseando al héroe Francisco Bolognesi, Murgia sorprendió a todos al decir que seguiría en carrera política: “¡Hasta quemar el último cartucho!”.

La crítica y oposición para que Murgia siga en carrera política, viene de cierta parte de la población, de un sector de integrantes de su partido: el Apra, y de parte de la prensa, entre los que nos incluimos; no viene por los almanaques que lo acompañan, tampoco por el partido que representa.

LA INSEGURIDAD

La oposición a Murgia viene por el cansancio, lentitud, conchabamiento, falto de ideas y reacciones que ha tenido su gestión, como por ejemplo: el hecho de no reconocer la inseguridad que se vive en nuestra ciudad y achacarle todo a un concepto subjetivo: “percepción”, porque toda la violencia que se observa todos los días, según Murgia, “se debe a un conflicto entre bandas, pues en Trujillo, todavía se puede caminar tranquilo” (sic). (“La República, domingo, 10 de noviembre de 2013)

PERMUTA

No nos vamos a referir, aunque podríamos hacerlo, en esta argumentación, a la permuta desproporcionada que hizo con la empresa La Manuelita al cederle 427 hectáreas de tierras de Chavimochic por sólo 7 hectáreas, en una zona que está actualmente en litigio.

EROSIÓN COSTERA

Tampoco, es el punto a tratar, el hecho de que la gestión regional de José Murgia, haya recibido 91 millones de soles para atacar la grave erosión costera que vive el litoral trujillano, y que luego de haber realizado varias etapas de enrocado, donde el único que se favoreció fue el constructor Rodolfo Cabada de la empresa Roaya, devolvió, vía transferencia, 61 millones al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), cuando ya sus soluciones -en sus reuniones de cafetín- no daban para más. Actualmente la erosión en las playas: Las Delicias, Víctor Larco y Huanchaco, siguen avanti.

ESCUELA DE LA POLICÍA

Más de cuatro largos años ha demorado la gestión de Murgia para que se llegue a la firma del contrato para la construcción de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional en el terreno de Miramar (Moche), donde en el primer gobierno de Alan García, iba a funcionar el Club del Pueblo de este distrito.

Esta obra que se ejecutará mediante la aplicación de la Ley Nº 29230, conocida como Obras por Impuestos, ha caminado como una rémora, cuando en realidad, justamente, la ley fue dada para que el sector privado, actuando como aliado estratégico, financie y ejecute rápidamente los proyectos de inversión pública, como el que nos ocupa.

En realidad, la adjudicación de una obra, bajo este mecanismo, por parte de un grupo de empresas privadas, implica la ejecución tanto del expediente técnico como de la obra en sí; sin embargo, Murgia, lejos de apurar una construcción que es necesaria, como la escuela de suboficiales de la policía, le quería meter diente, metafóricamente hablando, y no asumía que entre a tallar la empresa privada en su entera dimensión.

Aunque la única condición –en este caso- para que la obra sea ejecutada bajo el mecanismo de la Ley Nº 29230, es que la empresa privada proponga  al GR el proyecto para su aprobación en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, con el compromiso que luego se priorice en sesión de Consejo Regional para su financiamiento y ejecución, revisando los archivos, nos encontramos con que Murgia, en la publicación de “La Industria” del 29 de junio de 2011, proponía a la empresa privada construir la Escuela de Suboficiales de la PNP en tres etapas, de las cuales la primera iba ser realizada por el Gobierno Regional de La Libertad, y las siguientes, recién, por el sector privado. ¿Qué empresa privada se iba a meter en tremendo sancochado?.

Por eso, en esa misma edición, el representante de Backus decía: “…que en esa forma la construcción de la escuela policial se iba a dilatar, por lo menos, ocho años”.

Carlos Cabanillas, el hermano de la aprista, Mercedes “Meche” Cabanillas, representante de Barrick, declaró esa vez: “No se puede perder el ritmo de la inversión, porque un proyecto sirve para llenar una necesidad”. Y el empresario José Santos Valdivieso, aclaró enfáticamente: “…que el gobierno regional no podía desarrollar esta obra de manera rápida”.

En la edición del jueves 20 de junio de 2011 de “La Industria”, el presidente regional, José Murgia, ofrece unas declaraciones que huelen a berrinche, al decir que no estaba de acuerdo en realizar esta obra por el mecanismo de Obras por Impuestos, porque se le iba a descontar al GR en el próximo presupuesto regional, 34 millones de soles. Agregó: “Si se persiste en ello, yo me opongo”. En suma, Murgia fue, en esta obra, ¿una autoridad facilitadora o un obstáculo?.

El consejero regional por Otuzco, Mayer Haro, salió denunciando -el 25 de noviembre de 2012- mediante nota de prensa, que el gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de La Libertad, Álvaro Bazán, no había considerado en el proyecto de la Escuela de Suboficiales de la PNP, las obras  exteriores de las redes eléctricas y sanitarias.

Finalmente, luego de más de 4 años, se firmó el contrato, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, entre el Gobierno Regional de La Libertad y el consorcio integrado por las empresas: Cervecerías Backus y Jhonson, Minera Barrick, Compañía Minera Poderosa, y el Banco de Crédito del Perú. Siendo el convenio de inversión de 33 millones, 542 mil 344 nuevos soles, y se anunció la contratación, para la ejecución de las obras físicas, a la empresa Roaya, de Rodolfo Cabada, quien es también presidente del Comité Regional de Apoyo y Cooperación a la Labor Policial. La pregunta es, ¿quién apoya a quién?.

CONVERSATORIO CON EMPRESARIOS

En el tercer conversatorio  entre el Gobierno Regional de La Libertad y los empresarios liberteños, en la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, el 5 de noviembre de 2013, la presidenta de la Cámara de Comercio, Rosario Bazán de Arangurí, hermana del gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de La Libertad, Álvaro Bazán Cabellos, como quien dice: “Yo soy su hermana, pero no sé nada”, entre otros puntos, emplazó a Murgia por el bajo porcentaje ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, donde La Libertad pudo haber dispuesto de alrededor de 341 millones de soles, pero que -sin embargo- había utilizado solo el 20% de este monto.

Rosario Bazán, comparó el bajo porcentaje de La Libertad con la inversión del Gobierno Regional de Arequipa, que logró un gastó de 90%.

Murgia, quien estaba ese día ronco y afónico, puso sus males a un costado y como un león herido se lanzó a defender lo indefendible. No esperó tremendo gancho al hígado de “Charo”. La defensa de Murgia lo desnudó como un funcionario tradicional, paquidermo, desactualizado, adverso al cambio y -a la vez- se desdibujó como un tacaño de la administración pública.

No sabía por dónde hilar fino para argumentar. Primero dijo que Arequipa no es un buen ejemplo porque había comprometido todo su techo de esa fuente; luego que las utilidades de Barrick se habían caído en 25%; más tarde se preguntó, ¿cuántas empresas hay en La Libertad que pueden entrar en este método de Obras por Impuestos?. Como si Arequipa fuera otro país. Acusó a Arequipa de emplear toda esta fuente en hacer un puente (sic) y se cerró en que la Ley de Obras por Impuestos: eran un incentivo perverso que estrangulaba a las gestiones municipales y regionales, pues con esa fórmula les recortaban sus erarios del próximo año.

Algunos técnicos que acompañaban a Murgia lo miraban perplejos y los empresarios movían la cabeza, como diciendo: “Pepe está desfasado”. El segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio, Nelson Kcomt Che, se paró y retiró, echando humo de cólera. La reunión se enfrió y “Charo” Bazán, la dio por terminada.

¿Cómo puede decir eso Murgia?. Primero: la obra de Arequipa, donde se ha hecho una inversión de S/. 245. 5 millones, es una vía troncal interconectada entre los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado, Componente Nº 4 Puente Chilina, que beneficiará a 310 mil 681 habitantes. El costo/beneficio está fundamentado.

Segundo: En el 2013, Proinversión ha cerrado el año con una inversión de Obras por Impuestos, 3 veces mayor respecto al 2012, lográndose adjudicar 35 proyectos por un monto de 403.7 millones, y para este 2014 se tiene una meta de 50 proyectos por 500 millones de soles.

Tercero: Al parecer Murgia no conoce o no cree en los nuevos conceptos de gestión pública. Cuando no se hace una obra en su debido momento y espacio hay una pérdida de Costo de Oportunidad. Al parecer, al actual presidente regional, le es indistinto hacer una obra necesaria y urgente este año que en 10 o 20 años en adelante. Por eso su adicción al poder y esa puede ser la causa que lo ha llevado a decir la frase, que viniendo de él, suena a infeliz: “¡Hasta quemar el último cartucho!”, ha dicho.

 

ESTÁ CANSADO

Murgia tiene derecho a postular, “hasta quemar el último cartucho”, como dice él, pero tiene que darse cuenta si es una autoridad facilitadora de las obras que necesita la región o se ha convertido en un obstáculo.